Al asumir el gobierno de la Presidenta Bachelet, en marzo de 2014, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), en el contexto de las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), retomó la instancia denominada “Cuarto Adjunto”, que funcionó entre el 2004 y 2010, y que en ese entonces estaba integrado por representantes de gremios empresariales, productores y exportadores de bienes y servicios, que manifestaban sus intereses a los equipos negociadores de Direcon en el marco de las tratativas de los acuerdos comerciales. El 2014 el mandato de la Presidenta Bachelet fue retomar esta instancia y ampliarla, integrando a organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y gremios públicos y privados entre otros, de manera de abrir un nuevo espacio de participación ciudadana, en el que las diferentes visiones estuvieran representadas.

De esta forma, a lo largo de las negociaciones del TPP se realizaron 54 reuniones del Cuarto Adjunto, de las cuales 38 fueron reuniones específicas (Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Laboral, Comercio Electrónico, Inversiones, Empresas del Estado, Cultura, entre otros), 8 fueron videoconferencias y 8 reuniones generales. Las convocatorias se realizaron antes de cada ronda de negociación, durante las rondas (vía videoconferencia) y después de éstas. Así fue posible afinar y fortalecer la posición de Chile en la negociación, especialmente en los capítulos más complejos del Tratado.

La positiva experiencia del nuevo Cuarto Adjunto en las negociaciones del TPP ha significado fortalecer el compromiso de la Direcon con la transparencia y participación en las negociaciones comerciales. En consecuencia, en la actualidad existe el firme compromiso de implementar un Cuarto Adjunto de carácter permanente para todas las negociaciones, en curso y futuras. Así las cosas, la Direcon asume la responsabilidad de entregar los antecedentes de los procesos de negociación a través de su página web, para que los participantes del Cuarto Adjunto estén debidamente informados y puedan expresar con propiedad sus puntos de vista. Por cierto, ello siempre sujeto al marco de confidencialidad que en algunos casos nuestro país se vea obligado a suscribir.